En el documento, la institución señala que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de regular y fiscalizar el servicio de transporte público, garantizando tarifas justas y evitando posibles abusos por parte de las empresas o prestadores. Asimismo, advierten que un incremento injustificado podría vulnerar los derechos de los usuarios, al limitar el acceso a un servicio básico indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, el Colegio de Abogados plantea la necesidad de realizar una evaluación técnica y legal del alza de pasajes, así como implementar acciones urgentes de control y fiscalización. Incluso, se menciona que, de persistir el problema, podría considerarse la declaración de “ruta libre” como una medida excepcional para restablecer el equilibrio en el servicio y proteger a la población frente a posibles abusos.

Como se recuerda, días después del inicio de la crisis energética y el incremento de los precios del combustible, la Gerencia de Transporte Público de la comuna local emitió un comunicado informando sobre un operativo realizado en diversos grifos de la ciudad, donde se corroboró el alza en los costos del combustible. Sin embargo, técnicamente correspondía que el incremento del pasaje sea solo del 20% de la tarifa vigente, es decir, aproximadamente 0.20 céntimos, y no de 0.50 céntimos como finalmente se aplica.

Actualmente, los usuarios de las combis de las diferentes líneas deben pagar una tarifa de 1.50 soles, situación que viene afectando significativamente los bolsillos de los abanquinos. Frente a ello, el Colegio de Abogados exhortó a las autoridades municipales a actuar con prontitud, garantizando el respeto de la normativa vigente y la protección de los derechos de los ciudadanos, a fin de asegurar un servicio de transporte público justo y accesible para todos.