El documento identifica a Hamilet Altamirano Ascúe, Yesenia Andía Perea, Alcides Becerra Hurtado, Carina Cartolín Quispe, Yésica Choque Gutiérrez, Yois Yacira Gutiérrez Méndez, David Hurtado Córdova, Rony La Torre Mires y Sheila Solano Perales. Según la verificación efectuada, seis de ellos aparecen registrados en el Colegio de Contadores Públicos de Apurímac y tres en el colegio profesional del Cusco. La Contraloría advierte que esta situación podría afectar el cumplimiento normativo y poner en riesgo la validez de documentos suscritos y actuaciones realizadas por dichos profesionales.
El caso también genera cuestionamientos desde el ámbito profesional, pues según el Artículo 2 de la Ley Nº 28951, “Ley de actualización de la Ley Nº 13253 de profesionalización del Contador Público y de creación de los Colegios de Contadores Públicos establece lo siguiente: “Es obligatorio la colegiación para el ejercicio profesional del contador público. La determinación de los requisitos para la colegiación y habilitación del contador público le corresponde al colegio departamental respectivo”.
Ante esta situación, la Contraloría recomendó al rector de la UNAJMA disponer las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de situaciones similares y evaluar las medidas que correspondan dentro del marco de sus competencias. El informe fue emitido el 17 de septiembre de 2026 y pone nuevamente bajo escrutinio el control que deben ejercer las entidades públicas sobre la habilitación profesional de quienes desempeñan funciones especializadas. El propio Colegio de Contadores Públicos de Apurímac señala entre sus objetivos promover el adecuado ejercicio profesional y velar por la conducta ética de sus miembros.
Toda esta información está publicada en el portal de la Contraloría General de la República a través del Informe de Orientación de Oficio N.° 005-2026-OCI/5571-SOO, Contraloría General de la República – UNAJMA.