Aclaración necesaria. El funcionario puntualizó que en la zona no existe minería ilegal como se informa por otros medios, lo que existe en Apu Pisti son grupos de mineros organizados con Reinfo y alrededor de 13 derechos mineros.
“En abril del 2025 convocamos a una mesa técnica a los diferentes actores involucrados en esta problemática, identificándose en dicha reunión la legalidad de las actividades y el proceso que debían cumplir dentro del marco legal, los puntos de Reinfo y áreas de actividad efectiva, eso fue un gran avance para ordenar la zona, sin embargo, todo esto se paralizó por la transferencia de funciones al MINEM en materia de formalización”, comentó.
José Farfán, puntualizó que como DREM Apurímac desde el año 2023 realizaron numerosas inspecciones técnicas cuyo propósito es minimizar los impactos ambientales que ocasiona la actividad extractiva, procediendo a paralizaciones e incluso disponiendo la suspensión definitiva por incumplir con los instrumentos de gestión.
Intervención de la PCM y MINEM. Farfán afirmó que la escalada del conflicto socio ambiental en Apu Pisti podría evitarse de existir una intervención coordinada entre las diferentes instituciones y para lo cual la PCM y Ministerio de Energía y Minas (MINEM), deben retomar esta iniciativa toda vez que como DREM no tiene competencia directa. Asimismo, resaltó que en todo este tiempo se organizaron operativos por parte de la Policía Nacional, acciones de verificación y fiscalización de la ANA y cada una de estas entidades emitieron el informe respectivo, en algunos casos, se mencionó que no había afectación en la laguna de Choyocca o que no se detectaron metales pesados por encima de los máximos permisibles que evidencien esa afectación, “hubo incluso equipos técnicos que llegaron desde Lima sin conocerse los resultados de esas intervenciones”, agregó.