El documento señala que la DIREMID tiene entre sus atribuciones controlar y vigilar los establecimientos farmacéuticos públicos y privados de la región. Sin embargo, tras revisar la documentación de inspecciones sanitarias correspondientes a los años 2025 y 2026, la comisión de control advierte que no existe registro de acciones de inspección en los establecimientos donde los profesionales comprendidos en la evaluación ejercen dirección técnica o representación legal. La mayoría de estas farmacias están ubicadas en la ciudad de Abancay.

La Contraloría considera que esta situación podría generar un conflicto de intereses, debido al ejercicio simultáneo de funciones públicas vinculadas con la fiscalización, control y vigilancia sanitaria y actividades privadas en establecimientos que están sujetos precisamente a la supervisión de la DIREMID. A criterio del órgano de control, esta circunstancia podría comprometer la objetividad, independencia e imparcialidad que deben regir el ejercicio de la función pública.

El informe también advierte un problema organizacional: incluso los servidores que no realizan directamente las inspecciones podrían encontrarse en una posición que genere conflictos para el personal inspector, debido a que tendrían que fiscalizar establecimientos cuya dirección técnica o representación legal está a cargo de sus propios compañeros de trabajo o superiores jerárquicos. La Contraloría señala que esta situación podría influir o condicionar el desarrollo de las inspecciones sanitarias.

Finalmente, la Contraloría calificó los hechos como una situación adversa que podría comprometer la legalidad, el cumplimiento normativo y el correcto funcionamiento de la administración pública. Por ello, recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones preventivas y correctivas correspondientes y comunicar al Órgano de Control Institucional, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las medidas adoptadas o por adoptar frente a la situación advertida.