A través de un pronunciamiento público, los dirigentes mineros señalaron que la minería artesanal y pequeña minería son actividades reconocidas legalmente y que actualmente se encuentran en proceso de formalización. Sin embargo, denunciaron que este proceso ha sido obstaculizado durante años por la falta de decisiones políticas concretas por parte del Ejecutivo y el Congreso de la República.

Asimismo, los representantes del sector rechazaron que se responsabilice únicamente a la minería artesanal de los problemas estructurales existentes en diversas zonas del país. Indicaron que la ausencia del Estado en temas como infraestructura, asistencia técnica y seguridad jurídica no puede convertirse en justificación para aplicar medidas represivas que afectan a miles de familias que dependen económicamente de esta actividad.

Finalmente, la Asociación de Mineros de Andahuaylas exigió el cese de los actos de criminalización y violencia contra los trabajadores mineros, demandando una política inclusiva basada en el diálogo, la formalización efectiva y el respeto a los derechos humanos. Además, reafirmaron su compromiso con una minería responsable, sostenible y respetuosa del medio ambiente y del desarrollo de las comunidades.