El segundo caso involucra otra camioneta pick up, modelo Hilux de la marca Toyota de placa X3G820, que había sido recibida por la entidad en custodia temporal y cuyo uso también estaba prohibido, hasta obtener la asignación en uso temporal mediante resolución del Programa Nacional de Bienes Incautados. Pese a ello, este vehículo fue sometido a un mantenimiento preventivo y correctivo, así como la compra de llantas por un monto de S/20 195.00, posteriormente los servidores municipales habrían utilizado el vehículo para las labores de Serenazgo, provocando su participación en un siniestro vial ocurrido el 13 de julio de 2025, en el sector de Cuycuhua. Esta situación generaría una contingencia económica de S/ 31 080 para la municipalidad, además del riesgo de que la entidad sea inscrita en el registro de entidades no beneficiarias del PRONABI, al encontrarse obligada a responder por dichos bienes.
El Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) del Perú entrega vehículos y otros bienes en custodia temporal principalmente para garantizar su conservación y evitar que pierdan valor económico, se deterioren o sean objeto de robo mientras se resuelve su situación legal definitiva. Por lo tanto, la Contraloría menciona perjuicios económicos, pues los mantenimientos y compras no habrían resultado necesarios de respetarse la custodia temporal, siendo la entidad obligada a mantener y conservar dicho bien, estando prohibida su uso, por ser incautaciones a terceros, en procesos legales.
Ante estos hechos, la Contraloría recomendó que el órgano competente realice el deslinde de responsabilidades de los servidores y exservidores involucrados, conforme a las normas vigentes. Asimismo, recomendó al Procurador Público de la Contraloría iniciar acciones legales civiles contra los servidores comprendidos en las irregularidades. Mientras tanto, vecinos de Chalhuanca cuestionan quiénes asumirán la responsabilidad por los daños ocasionados y la situación de los vehículos.
