“Cuando analizamos todo este circuito, hay un actor clave: las plantas de procesamiento, principalmente las que no están integradas a la extracción. Tenemos más de 350 plantas donde converge la producción de la minería artesanal, informal e ilegal. La estrategia es reforzar los controles en esas plantas”, explicó Llerena.

Con esos datos se buscará detectar inconsistencias en la declaración de volúmenes de producción. La SUNAT cruzará la información reportada al Ministerio de Energía y Minas con sus propias estadísticas tributarias para identificar irregularidades en producción, ventas y transporte.

Las plantas de procesamiento son un eslabón central en el lavado de dinero proveniente de la minería ilegal e informal. Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ya se había propuesto mejorar la fiscalización de estas plantas, que operan en la sombra y blanquean mineral ilegal.

César Ipenza, abogado especialista en temas ambientales, insistió en que se debe trabajar junto a la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con equipos técnicos y tecnología.