Según El Comercio, “los mineros (de Pamputa y Cconccacca) que MMG considera ilegales han extraído alrededor de 90.000 toneladas métricas de cobre en los últimos 15 años de la mina (Sulfobamba)”.
Mientras que el portal especializado de economía Bloomberg señala: “MMG ha presentado más de 100 denuncias por minería ilegal contra los mineros de Pamputa, ya que busca acceder a una zona que está previsto que comience a producir a mediados de la década de 2030. Los mineros informales se defienden a través de abogados”.
FEDECIM RESPONDE
Al respecto, el presidente de la Federación de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (FEDECIM), salió en defensa de los mineros de Pamputa, Cconccacca y Progreso.
En declaraciones a Bloomberg, cuyos artículos se difunden en todo el mundo, de la Cruz Enciso dijo que “quienes trabajan en el lugar son mineros comuneros con títulos de propiedad y permisos temporales de explotación (REINFO)”, y eso de que los mineros de Pamputa son ilegales, "es una falacia del Estado chino".
La comunidad indígena de Pamputa presentó, en Abancay, hace poco un informe técnico-jurídico a la Policía Nacional, Fiscalía y Defensoría del Pueblo informándoles que sus comuneros realizan actividad de minería artesanal y ancestral dentro del derecho constitucional y del derecho consuetudinario.
Es decir, extraen mineral de cobre dentro del marco de las leyes nacionales, con REINFO (Decretos Legislativos 1105, 1293, 1336 y otros), pagan impuestos, cumplen con las normas ambientales (IGAFOM), tienen planilla de trabajadores y declaran su producción semestral ante el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, dichos mineros trabajan dentro del marco de las leyes internacionales (Convenio 169 de la OIT y otros). El informe, presentado por el presidente de la comunidad de Pamputa, fue firmado por el doctor Lucio Vilcanqui Capaquira, expresidente del Poder Judicial de Apurímac.
Respecto a las 100 denuncias por minería ilegal que menciona MMG Las Bambas ante Bloomberg, Hernán de la Cruz dijo que “eso es falso”. “No existe ninguna denuncia. Lo que hay, más bien, es el interés de MMG Las Bambas de acabar con las actividades económicas de las comunidades indígenas vecinas a su mina. Primero intentó cerrar, sin resultado, la planta de beneficio de la comunidad de Pamputa y luego pidió al Ministerio de Energía y Minas la cancelación de todos los REINFO de Pamputa, Progreso y Cconccacca indicando que deben ser excluidos de la formalización por desarrollar actividad minera sobre áreas de prospectos o proyectos mineros insertos en proceso de promoción de la inversión privada (Artículo 13.15 del Decreto Supremo 018-2017-EM)”.
Sin embargo, añadió de la Cruz, “de acuerdo a las leyes eso sería inviable”. Según el oficio Nro. 00284-2022/ProInversión/DSI, del 31 de marzo de 2022 precisa: “el Proyecto Las Bambas no se encuentra en proceso de promoción de la inversión privada, al haber sido adjudicado en el año 2004 a través de concurso público internacional Nro. PRI-80-2003. En ese sentido, no se encontraría dentro de los alcances de las funciones establecidas en los Decretos Legislativos 1293 y 1336”.
En otras palabras, Las Bambas ya no es proyecto minero (el proceso de promoción ya culminó) y los mineros artesanales con REINFO vigente que realizan actividad de minería artesanal en Sulfobamba y otras concesiones no deberían ser excluidos.
MMG LAS BAMBAS SERÍA ILEGAL
Por otra parte, el informe técnico de Pamputa precisa que el proyecto Las Bambas sería ilegal. “El Estado cometió violación de derechos de la comunidad de Pamputa (derechos humanos) al concesionar en territorio de una comunidad indígena reconocida sin haber realizado consulta previa”, señala el documento.
Asimismo, menciona que el Estado peruano y la comunidad de Pamputa se encuentran en litigio. Pamputa ha presentado una demanda de amparo para anular las concesiones de MMG Las Bambas (por no haber cumplido el paso previo de la consulta) ante el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, además de una medida cautelar. El caso se encuentra también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por último, el informe sostiene que “el Estado chino posee propiedades territoriales (suelo y subsuelo) en la provincia de Cotabambas a través de su empresa MMG Las Bambas. Según la Constitución Política del Perú un Estado extranjero no puede tener un enclave territorial dentro del territorio peruano”.
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(*) Hernán de la Cruz Enciso, además de su condición de presidente de la FEDECIM, es autor de varios libros, entre ellos “Todos se llamaban Juan Piedra”, publicado en España en enero de este año.
