El REINFO tiene como fecha límite de vigencia el 31 de diciembre de 2025. Este proceso debe concluir con transparencia, fiscalización efectiva y acompañamiento técnico para quienes sí cumplan los estándares legales. Sin embargo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso pretende extender la vigencia del proceso de formalización hasta el 2029. De esta manera, continúa encubriendo la impunidad y generando un nuevo ciclo de descontrol y debilitamiento institucional que facilita la labor de economías ilícitas.

Lo que necesita el Perú es una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales. Esta norma debe asegurar en primer término la protección a la salud y la vida, pasando por la trazabilidad de la producción, respeto a la propiedad privada y las leyes, sanciones por incumplimiento y supervisión permanente.

La minería ilegal en el Perú no solo destruye ecosistemas, también está asociada al crimen organizado, al tráfico de explosivos, a la trata de personas, al sicariato, al lavado de activos y al narcotráfico. Tiene impactos sociales como aumento de trabajo infantil, explotación laboral, afectación al patrimonio nacional, pérdida de impuestos, corrupción y debilitamiento de la institucionalidad.

Si queremos enfrentar la violencia y el delito con firmeza, enfoquémonos en atacar la raíz del problema, es decir, las actividades ilícitas que financian el crimen. El Colectivo PAS está comprometido con la lucha contra la violencia y exhorta a todos los poderes del Estado a realizar acciones concretas, alentando un marco jurídico adecuado para ponerle freno inmediato y con firme voluntad política que devuelva la paz al Perú.