El Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, en un estudio sobre el financiamiento y el acceso de la pequeña minería a la banca formal, concluyó que los bancos necesitan garantías para saber que el dinero y el mineral que manejan tienen un origen lícito. Una de esas garantías, sostiene Vera, es la trazabilidad del oro. El especialista plantea crear un sistema nacional, digital e interoperable para seguir el mineral desde que sale del socavón hasta que llega al mercado internacional. Dicho sistema debe controlar al minero que extrae e incluir a acopiadores, comerciantes, transportistas, plantas de procesamiento y empresas exportadoras. “Todos tienen que garantizar qué oro están manejando”, sostiene. Eso permitiría saber dónde se produjo, quién lo compró, quién lo transportó, quién lo procesó y quién finalmente lo exportó. En ese sentido comentó, la trazabilidad ayudaría a resolver una de las principales razones por las que los pequeños mineros no pueden acceder con facilidad a la banca. Ningún banco puede asumir el riesgo de operar con dinero cuyo origen no puede verificar.
Recordó la diferencia entre el oro registrado como producción y el que aparece en los registros de exportación. En 2025, según el Ministerio de Energía y Minas, se registró unas 109 toneladas de producción, mientras que la Aduana contabilizó exportaciones por 209 toneladas. “¿Quién ha producido esas 100 toneladas? ¿Quién las ha transportado, quién las ha comercializado, quién las ha procesado y quién las ha exportado?”, preguntó. Esa diferencia representó unos US$ 11 mil millones en 2025. “Es demasiada plata que entra sin saber su origen”.
Tres medidas urgentes: Vera sostiene que la trazabilidad debe convertirse en una política pública. El Estado debe utilizar herramientas digitales y sistemas de identificación que permitan registrar el recorrido del mineral. Ese sistema debería incluir laboratorios que determinen el peso, la ley y la humedad del material que sale del socavón. Con esa información se podría determinar el valor del material desde el primer eslabón de la cadena. Esto también protegería a los pequeños mineros de abusos de compradores y acopiadores. “No se debe salvar nadie desde el extractor hasta el exportador”, afirma.
Una segunda medida es bancarizar toda operación relacionada con la producción de oro. La contratación de trabajadores, la compra de maquinaria, explosivos y otros insumos para la actividad minera, así como los pagos a quienes suministran productos y servicios. Solo una medida así, según Vera, permitiría cerrar espacios al contrabando de insumos químicos fiscalizados y del mercurio que ingresan ilegalmente al país. La tercera está enfocada a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la pequeña minería y la minería artesanal. Garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo, acceso al seguro social y pago del sueldo mediante operaciones bancarias.
Las tres líneas de acción (trazabilidad del oro, bancarización de toda la cadena y derechos laborales y seguridad) deben formar parte de una misma política. De acuerdo con Vera, el debate no debería concentrarse únicamente en si el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe continuar o no. Dijo que el registro “es un fracaso” porque no permitió diferenciar adecuadamente entre minería ilegal y minería informal. Pero la salida pasa por conocer y controlar toda la cadena.
