Entre las situaciones advertidas, la Contraloría señala que el terreno previsto para el hospital de contingencia se encuentra en el sector de Maucacalle, distrito de Tamburco, y que, durante la inspección física consignada en el documento, se verificó que el predio estaba cercado con planchas metálicas y postes, cerca de una quebrada formada por el cauce de un riachuelo. Además, se constató que no contaba con letrero informativo del proyecto ni guardianía. En contraste, el actual Hospital Guillermo Díaz de la Vega continúa funcionando en una edificación de aproximadamente 50 años de antigüedad, que requiere mayores ambientes de atención.
El documento también recoge que, durante una reunión realizada el 18 de diciembre de 2025 con representantes de la sociedad civil, se acordó solicitar que el nuevo hospital fuera construido en un terreno distinto al inicialmente previsto. Posteriormente, mediante un oficio del 20 de febrero de 2026, el PRONIS informó al Gobierno Regional de Apurímac que la oposición social había restringido el acceso al área de intervención. A ello se sumó la asignación presupuestal insuficiente para atender las obligaciones contractuales pendientes y los pagos que se generarían con la eventual continuidad de los servicios del consorcio encargado de la asistencia técnica.
Según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reportada el 29 de agosto de 2026, el proyecto registraba un avance físico de 00.00 % y una ejecución financiera de 2.00 %. La Contraloría advierte que esta situación viene generando el riesgo de incremento presupuestal del proyecto y la afectación a la población al no disponer plenamente de la capacidad hospitalaria prevista. Asimismo, señala que la suspensión de los estudios y de las actividades contractuales compromete la oportunidad de entrega de los servicios de salud a la población beneficiaria.
Finalmente, la Contraloría recomendó poner el informe en conocimiento del titular del PRONIS para que adopte las acciones preventivas y correctivas correspondientes. La entidad debía comunicar al Órgano de Control Institucional, en un plazo de cinco días hábiles, las medidas adoptadas o por adoptar, adjuntando la documentación sustentatoria. En tanto, el informe señala que el Gobierno Regional de Apurímac venía gestionando el reinicio de la inversión y tenía previsto realizar acciones de socialización con la población durante septiembre de 2026.
