De acuerdo con fuentes judiciales, Tinco Luján y su esposa Elionora Yntusca habían convertido a la Corte de Apurímac en un feudo personal, moviendo a los jueces de acuerdo con sus intereses particulares y solicitando donaciones económicas al personal administrativo y jurisdiccional.
Así, se indica que, de manera arbitraria, el presidente de la mencionada corte dejó sin efecto la designación de Andrés Abelino Flores Aguilar como juez superior provisional en la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros para designar como juez supernumerario al abogado Ronald Atahui Ramos, a pesar de que este no formaba parte del registro de abogados hábiles para ser designados como jueces supernumerarios, a cambio de un beneficio económico.
Además, habría presionado a Alexander Puma Valer, en ese entonces coordinador de Recursos Humanos de la CSJAP, para que se interesara indebidamente por la contratación de Lisbeth Gianella Torres Alvitres, Priscilla Noemi Rojas Terán y Heiner Oscar Jacinto Benites como servidores judiciales en la corte superior.
Luego, también se investiga que, por medio de su esposa Elionora Yntusca Janampa, habría inducido y presionado al personal de la Corte de Apurímac para depositar indebidamente diversas sumas de dinero en la cuenta bancaria de esta, bajo el pretexto de 'aportes voluntarios' por la festividad de la Virgen de las Cocharcas.
Además, a Tinco Luján se le atribuye liderar una organización criminal en el interior de la Corte con el propósito de direccionar o favorecer procesos judiciales con el fin de obtener ganancias ilícitas. Para ello, habría emitido resoluciones favorables a los intereses de los abogados Elionora Yntusca Janampa y Edwin Manuel Torres Espinoza y, además, habría direccionado o favorecido la contratación de personal judicial y administrativo relacionado con los integrantes de la referida organización, refieren las fuentes judiciales.
(Fuente: La República)
